El PSOE quiere limitar las competencias autonómicas para evitar bajadas de impuestos como las de Ayuso

El PSOE sabe que electoralmente tiene perdida la batalla ante bajadas de impuestos como las que ha llevado a cabo Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Por eso, el próximo Congreso del PSOE debatirá limitar las competencias autonómicas en materia impositiva para evitar lo que ellos llaman «dumping fiscal» y evitar que Madrid o Andalucía sigan aumentando el caladero de votos del Partido Popular.

Isabel Díaz Ayuso se marcado como política la bajada de impuestos en los tramos autonómicos. El pasado 1 de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid desafió las políticas impositivas de Pedro Sánchez anunciando la eliminación de los impuestos propios de Madrid para impulsar la recuperación.

«Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios», anunció la presidenta madrileña en contraposición al sablazo fiscal que ha impuesto Sánchez a nivel nacional.  Además, Ayuso anunció una rebaja de medio punto del IRPF que se aprobará antes de finales de año, para poder aplicarse ya en 2022. Madrid ya era una de las comunidades pioneras al contar con bonificaciones en los impuestos de sucesiones y donaciones que los dejaban reducidos a la mínima expresión, mientras otras comunidades mantenían cargas impositivas elevadísimas en estos tributos.

Sabedor de que estas políticas son un lastre para el Partido Socialista, Pedro Sánchez tiene la intención de que en el próximo congreso del partido, que se celebrará el próximo fin de semana, se estudie la forma de impedir que las comunidades autónomas puedan aplicar este tipo de rebajas fiscales, creando lo que llaman un «dumping fiscal» entre autonomías.

La idea ha partido de los socialistas catalanes que ven cómo es imposible para ellos y sus socios poder competir con Madrid en materia fiscal. La Generalitat es una de las comunidades con mayor deuda y con los impuestos más altos, de ahí que quieran frenar la huída de empresas de la región a otras como Madrid intentando poner en marcha una «armonización fiscal» entre todas las comunidades, especialmente en los impuestos de sucesiones, donaciones o a la riqueza.

El argumento que dan y que respaldan otras provincias es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio son los protagonistas de una intensa competencia tributaria a la baja entre las Comunidades Autónomas, que ha llevado a la práctica supresión del primero especialmente donde gobierna el PP.

Y consideran que esa competencia tributaria es «perjudicial económicamente» porque provoca, por una parte, una «notable pérdida recaudatoria» y, por otra, también propicia una «pérdida de progresividad y equidad en tanto en cuanto que son contribuyentes con mayor renta y riqueza los principales beneficiados».